La Corte Suprema de Justicia de Colombia denunció el lunes un complot en su contra por parte de un sector del gobierno del presidente Álvaro Uribe en alianza con integrantes de los desmovilizados escuadrones paramilitares de ultraderecha y pidió investigar la situación.

Pero Uribe negó las acusaciones del magistrado, ahondando el enfrentamiento que sostiene con el poder judicial desde hace varios meses.

Se trata del segundo escándalo en menos de una semana que involucra al presidente de Uribe, después de que la Fiscalía General destituyó a un hermano del ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, por sus presuntos nexos con un narcotraficante prófugo.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, hizo la denuncia después de que el contenido de unas grabaciones reveladas por la revista Semana, dejaron al descubierto que un abogado y un represente de los desmovilizados paramilitares se reunieron en la sede de la Presidencia con funcionarios del gobierno.

"Esto viene a demostrar que se viene adelantando un complot contra la Corte Suprema de Justicia para desacreditar a sus magistrados y para deslegitimar las decisiones que se adoptan dentro de las investigaciones, con motivo de los estrechos vínculos de algunos congresistas con el paramilitarismo", dijo Ricaurte a Caracol radio.

El nuevo escándalo que involucra al Gobierno se presenta en momentos en que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, realiza a una visita a Colombia.

Ricaurte anunció informará a Ocampo de la situación y de lo que denominó obstrucción por parte del gobierno.

Uribe niega complot

La Corte Suprema inició la investigación que compromete a más de 60 congresistas, la mayoría aliados de Uribe, por sus presuntos vínculos con los paramilitares, grupos ilegales armados acusados de masacrar a miles de civiles en medio de su batalla contra la guerrilla izquierdista.

Algunos de los políticos renunciaron a su fuero de congresistas para ser investigados por la Fiscalía General, que los ha exonerado por falta de pruebas.

"La corte es víctima de una conspiración por una alianza de un sector del Gobierno con los paramilitares", insistió Ricaurte, quien solicitó una investigación a la Fiscalía General y a la Procuraduría.

El secretario jurídico, Edmundo del Castillo; y el secretario de información y prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez, admitieron que se reunieron con el abogado de Diego Fernando Murillo, un antiguo jefe paramilitar extraditado a Estados Unidos, así como con otro líder de esos grupos, asesinado recientemente en la ciudad de Medellín.

Los funcionarios del gobierno dijeron que accedieron a los encuentros, porque las personas vinculadas con los paramilitares aseguraron que tenían información sobre un complot de la corte contra el gobierno.

"¿Enlodar a los magistrados? No de ninguna manera. Teníamos que escucharlos porque aquí ha habido un tráfico de testigos que es grave y lo ha habido especialmente contra el presidente de la República", dijo Uribe en una conferencia de prensa.

El mandatario sostuvo que es habitual por parte de su gobierno y de sus funcionarios recibir a personas que dicen tener información de seguridad o que compromete al Estado.

"Este presidente se equivoca, es de carne y hueso, pero no engaña a los colombianos", aseguró al negar que se hubiera tratado de reuniones clandestinas y al reclamar el desmonte de los escuadrones paramilitares durante su gestión.

El gobierno y los escuadrones de ultraderecha iniciaron en el 2003 una negociación de paz que permitió que más de 31.000 combatientes se desmovilizaran y entregaran las armas, mientras que sus antiguos comandantes fueron extraditados a Estados Unidos por incumplir los acuerdos o están en prisión.